Dra. Mercedes Iglesias Bárez
Universidad de Salamanca
merche@usal.es
“Un ministro me dijo durante un debate: “es usted tan guapa que no puedo escucharla”. “Durante un debate acerca de la política gubernamental contra el terrorismo, un compañero me preguntó: ¿por qué una señorita como usted, con tanto encanto, desea debatir cuestiones tan importantes?”. “En una ocasión, durante cuatro días seguidos, recibí más de 500 amenazas de violación en Twitter”.
Estas son solo algunas de las denuncias de las mujeres parlamentarias que han sido entrevistadas por la Unión Parlamentaria en 2016 y 2018.
Los casos de sexismo, acoso y violencia contra las parlamentarias, lo que se conoce como MeToo parlamentario, es un fenómeno muy extendido pero todavía hoy oculto. A raíz de las denuncias de acoso y violencia contra mujeres en otros ámbitos -especialmente en el cine- comienza a conocerse también la dimensión de este problema en los parlamentos. Así, en noviembre de 2017 trescientas parlamentarias islandesas denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual, en Suecia se han celebrado debates en torno a este tema en su parlamento y se han llevado a cabo investigaciones internas, en 2019 Joe Biden fue acusado de conductas impropias, Francia ha llevado a cabo campañas de sensibilización en relación a la violencia contra las parlamentarias y en el Parlamento Europeo se ha creado el Blog MeTooEP.com por parte de un grupo de trabajadores del Parlamento Europeo.
El sexismo, el acoso y la violencia contra la mujer representan un grave problema en ámbitos como el político por ser un espacio especialmente vulnerable: está altamente masculinizado, las mujeres parlamentarias se ven especialmente expuestas al haber eludido las normas sociales de género que excluyen a las mujeres del Poder, internet se ha convertido en el medio más eficaz para amenazar a las mujeres parlamentarias y practicar el odio de género, y las mujeres parlamentarias se encuentran especialmente indefensas ante los supuestos de acoso y violencia de sus propios colegas parlamentarios -hombres poderosos- y acalladas por el imperativo de la lealtad al partido.
Este post es una breve reflexión sobre los datos aportados por dos Boletines Temáticos de la Unión Interparlamentaria: Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias de octubre de 2016, que es el primer informe sobre este problema en los parlamentos en el mundo, y el informe regional Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en 2
los Parlamentos europeos de octubre de 2018; así como por la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de septiembre de 2018 sobre Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política de la Unión europea, y la Recomendación de 2019 del Comité de Ministros de los Estados Miembros para prevenir y combatir el sexismo dentro del Consejo de Europa.
De acuerdo al Boletín de 2016, el 81,8% de las parlamentarias del mundo ha sufrido violencia psicológica. De ellas, el 65,50% ha sido objeto de comentarios sexistas humillantes por su forma de vestir, su cuerpo o su vida afectiva -comentarios que dirigidos más a la forma que al contenido de su mensaje desvían la atención de sus propuestas y disuelven el músculo político de su discurso-, y un 44,4% han sido víctimas de amenazas de muerte, de violación, de palizas y secuestros, llegando incluso al acoso moral.
El 21,8% de las parlamentarias ha sido objeto de violencia sexual por parte de parlamentarios de su propio partido o de la oposición (el 20% de acoso sexual y el 7,3% forzadas a mantener relaciones sexuales -cuando la media de mujeres no parlamentarias sometidas a violencia sexual está en el 7% -).
Una de cada cuatro ha sufrido violencia física ejercida tanto por militantes de otros partidos, por miembros de su propio partido y de la oposición, como por las fuerzas del orden e incluso por su propia familia; y un 32,7% ha sido objeto de violencia económica, pues se les deniegan fondos a los que tenían derecho -y que disfrutan los parlamentarios hombres-, recursos parlamentarios y sufren daños en sus posesiones.
El Boletín de 2018 analiza el sexismo, el acoso y la violencia contra mujeres parlamentarias en las cortes europeas, así como introduce la novedad de entrevistar también a mujeres no parlamentarias pero trabajan en los parlamentos y forman parte del personal parlamentario.
En relación a las parlamentarias, el 85,2% ha sido víctima de violencia psicológica, especialmente en las redes sociales (el 58,2% fue objeto de amenazas en internet, sobre todo por ciudadanos anónimos); el 24,7% ha sufrido violencia sexual, donde el 75,9% de los autores fueron colegas de sus partidos o de otros partidos -en el caso de la mujeres del personal parlamentario la violencia sexual se incrementa hasta el 40,5%, con lo que interviene además un elemento de clase pues en el 69,2% el autor es un parlamentario hombre-; el 14,8% ha sufrido violencia física y el 13,5% violencia económica.
Las tasas de denuncias son del 53,3% en los casos de violencia física, del 50% para la violencia psíquica, pero se reducen drásticamente al 23,5% para los supuestos de violencia sexual (el 6% para el personal parlamentario), donde son factores clave para no denunciar la necesidad de salvaguardar su imagen, su propia carrera parlamentaria y la lealtad al partido.
No cabe duda de que los casos de sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias implican desde la óptica subjetiva una lesión de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral, y a la igualdad y la participación política de las mujeres; pero también evidencian una dimensión objetiva e institucional especialmente relevante, pues la democracia paritaria es un elemento clave de la gobernanza y del adecuado funcionamiento democrático del Estado constitucional.
Esta violencia produce un importante efecto desaliento, pues dificulta el acceso de otras mujeres al espacio público y socava la capacidad de las parlamentarias para cumplir con su mandato de forma libre e igual a los parlamentarios varones.
Las parlamentarias entrevistadas confiesan que autolimitan su libertad de expresión en las redes, o que deciden finalmente abandonar las redes sociales para evitar los insultos y las amenazas, cuando es de sobra conocido que este es un foro esencial en el actual Estado democrático, o se ven avocadas a reforzar su seguridad para evitar agresiones o finalmente deciden, especialmente en contextos violentos, abandonar su carrera para proteger a su familia. No obstante, el 80% de las mujeres parlamentarias deciden continuar y se convierten así en las heroínas democráticas de nuestro tiempo.
Singularmente preocupante es la situación de las parlamentarias que defienden los derechos de las mujeres y de otros colectivos vulnerables como es el caso de los refugiados e inmigrantes en el actual momento democrático europeo de auge de la ultraderecha y de convergencia de la violencia con motivación política y la violencia política basada en el género.
También el sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres parlamentarias presentan otros interesantes problemas constitucionales: la cuestión de la interseccionalidad y el tratamiento diferenciado en relación a la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres parlamentarias jóvenes, o bien que pertenecen a la oposición o a una minoría, y que son sometidas en mayor medida a violencia psicológica en las redes y a una mayor violencia sexual que otras parlamentarias; la geometría variable de los autores y su propio tratamiento jurídico, que va desde tener en cuenta si los victimarios son parlamentarios donde se plantean cuestiones como el estatuto de los parlamentarios y sus privilegios frente a estas denuncias, hasta si se trata de los adversarios políticos y el tratamiento de la oposición frente a la violencia política, si son meros ciudadanos, o bien el papel de los líderes políticos y religiosos como incitadores de esta violencia, o si la violencia es practicada por miembros de la propia familia de la parlamentaria; el tratamiento que deben tener los medios de comunicación en relación al seguimiento diferenciado que practican con las intervenciones de las parlamentarias y de los parlamentarios; la lucha contra la ciberviolencia política, los factores de riesgo contextuales y personales de las parlamentarias o el papel que deben desarrollar los partidos políticos para evitar y, en su caso, perseguir estos ataques.
La reciente visibilidad de este fenómeno ha puesto de manifiesto también la ausencia de leyes específicas que aborden este fenómeno -apenas hay una incipiente normativa como la Ley de Bolivia de 2012 o en Canadá, Costa Rica y Sudáfrica- que garanticen un procedimiento seguro, efectivo y confidencial para la presentación de denuncias por parte de las parlamentarias y el deber de investigarlas, o bien una normativa que mitigue la falta de existencia de sanciones penales y extrapenales, y de programas de formación en el parlamento y en los partidos políticos para luchar contra esta violencia; o bien la ausencia de datos y programas de apoyo a las víctimas.
La tarea de los constitucionalistas de nuestra generación – hombres y mujeres- es la de crear un nuevo mundo político, que disuelva esa máxima de que el poder conseguido con violencia, solo puede ser mantenido con violencia. Debemos lograr que la “Ciudad” que hemos recibido desaparezca y construir una nueva res publica donde el pensamiento, la palabra y la reflexión sean los que golpeen más fuerte.